Las organizaciones abajo firmantes, que forman parte del Foro Guatemala,
hacemos un llamado enérgico y urgente a la Corte de Constitucionalidad (CC) para que asuma plenamente sus responsabilidades como garante de los alcances y límites de nuestra Constitución de la República, y detenga las violaciones que el Ministerio Público (MP) ha venido cometiendo, así como los abusos contra otras instituciones y personas, argumentando ampararse en marcos legales inferiores en rango a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Renombrados juristas guatemaltecos y, dentro de ellos, notables constitucionalistas, nos han aclarado a la ciudadanía de forma contundente que las acciones del MP en contra del Tribunal Supremo Electoral están violando la Constitución de la República, a la vez que han roto ya dos veces la cadena de custodia de los documentos electorales (las Actas y los Votos de la ciudadanía), allanando –sin necesidad y con lujo de fuerza policial— los lugares de resguardo de los materiales electorales bajo jurisdicción del TSE, y violando sus contenidos.
Se ha atentado directamente contra la legislación vigente, irrespetando la integridad del voto ciudadano, debidamente acreditado por las Juntas Electorales en su momento, con participación de los respectivos fiscales de los partidos políticos, así como verificado y ratificado por las diversas Misiones de Observación nacionales e internacionales. Nos permitimos recordar que:
- Los votos ya fueron tabulados y el resultado ya fue oficializado.
- Sin embargo, estamos aún en el período del Proceso Electoral y se está violando su integridad y la rectoría del TSE sobre el mismo.
- La soberanía radica en el cumplimiento de las leyes nacionales, que tienen una clara jerarquía. La CC debe pronunciarse sobre dicha jerarquía y competencias en resguardo del orden constitucional.
- La persecución de delitos, fuera del ámbito electoral, no debe cruzar fronteras de competencias ni afectar la integridad del propio Proceso Electoral.
Se está atentando peligrosamente contra nuestra ya precaria institucionalidad democrática, así como violentando el respeto a la integridad e inviolabilidad del voto ciudadano. Recordamos, una vez más, que nuestro sistema electoral descansa en la participación de miles de ciudadanos que garantizan su transparencia, por lo que ninguna entidad gubernamental debe pretender anular o alterar la voluntad del pueblo guatemalteco. Se está queriendo desfigurar, además, el sentido profundo de los conceptos fundamentales de la convivencia democrática, de nuestras responsabilidades ciudadanas, de nuestra acción patriótica y de nuestras relaciones internacionales.
Está en manos de la CC y los tribunales de amparo que conocen en primera instancia el fijar públicamente, sin espacio para duda alguna, las fronteras jurisdiccionales que establece nuestra Constitución, así como establecer con claridad las jerarquías de las leyes de rango constitucional respecto de otras de rango ordinario que están siendo arteramente usadas –no se sabe con qué propósito— para violentar las normas vigentes, tanto para la custodia de los votos ciudadanos como para mantener las responsabilidades establecidas en la Ley Electoral y de Partidos Políticos durante el calendario vigente del Proceso Electoral.
Exhortamos a la Corte de Constitucionalidad a que juegue el papel histórico que le corresponde en estos momentos para defender la democracia y los valores republicanos. Igualmente hacemos un llamado con toda energía y convicción a que cesen los intentos por descalificar la voluntad popular expresada el 25 de junio y el 20 de agosto.
El futuro de las libertades y los derechos de todos los guatemaltecos descansa en que tomen las acciones contundentes que las circunstancias ameritan, con claridad y sin ambigüedades.
Guatemala 30 de septiembre de 2023