El 12 de agosto, cuando se conmemoró el Día Internacional de la Juventud, numerosas organizaciones y entidades gubernamentales llevaron a cabo diversas actividades para celebrar y discutir sobre los retos y oportunidades de dicho sector de la población.
Según un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Consejo Nacional de la Juventud (CONJUVE) (2021), la población joven guatemalteca, ubicada en el rango de los 13 a 30 años, representa un poco más de la tercera parte de la población, específicamente un 35.6 %. Tal dato evidencia la trascendencia que tienen las juventudes en el país, no solo desde una perspectiva demográfica, sino también desde el aspecto político y económico.
Un ejemplo de esa preponderancia en el plano político, se distingue a través de las manifestaciones suscitadas en octubre del 2023, a raíz del cuestionamiento a los resultados electorales y el intento, por parte de ciertos actores políticos, de obstaculizar la alternabilidad en el poder. Desde caminatas cuyo punto de partida eran universidades, hasta plantones en edificios públicos exigiendo el respeto al voto popular, la juventud se hizo escuchar en medio de la crisis política más importante de los últimos años en Guatemala.
Situaciones así respaldan la afirmación de que los jóvenes se están interesando cada vez más por cuestiones de índole política o social, y que muchos de ellos tienen la intención de incidir, ya sea mediante un vídeo, perteneciendo a una organización o saliendo a las calles, en las decisiones públicas.
Sin embargo, paralelo a ese deseo genuino de ser partícipes de la discusión pública, existen retos institucionales que limitan los derechos de las juventudes guatemaltecas. Dos resaltan especialmente: el retraso de la actualización de la Política Nacional de Juventud (2012-2020) y la ausencia de una ley dedicada al sector de juventudes en el país.
La Política Nacional de Juventud afrontó un proceso de actualización durante la administración del expresidente Alejandro Giammattei, pero no concluyó. La consecuencia de ello es que desde 2020 no se cuenta con una política pública acorde a las necesidades actuales de jóvenes y al contexto guatemalteco de la presente década.
Si bien las nuevas autoridades de gobierno contemplan aprobar la política actualizada, de manera urgente (Wer, 2024, como se citó en Villagrán, 2024), es evidente que durante el proceso persistieron obstáculos que dificultaron su actualización. Ello repercute directamente en el desarrollo social de las juventudes guatemaltecas y en la plena vigencia de sus derechos civiles y políticos.
Con relación al ámbito jurídico, el escenario es desfavorable. Hasta diciembre de 2020, se han planteado ocho iniciativas de ley enfocadas en las juventudes, pero ninguna de ellas ha sido aprobada por Legislativo, incluso algunas ni siquiera han pasado a primer debate (Morales, 2022). A estas se les añade la iniciativa 6128, que contiene la Ley Integral de Juventud (INJUVE), que se presentó ante la dirección legislativa en agosto de 2022. Una de sus justificaciones es que los jóvenes se enfrentan a numerosos obstáculos que dificultan el goce de sus derechos, por tal motivo “es necesario crear una institucionalidad robusta, autónoma, participativa y de inclusión de la voz de la juventud” (De León, 2022, Párr. 3).
Los antecedentes de dichas iniciativas indican que el desenlace de INJUVE puede ser similar. De esta manera, la juventud se encuentra ante una encrucijada: las nuevas generaciones desean incidir e involucrarse, sea individual o colectivamente, en el ámbito sociopolítico, pero afrontan un muro institucional deficiente que les excluye y les minimiza.
¿Cómo cambiar dicha dinámica? Aunque son numerosos los factores que limitan la construcción de políticas y leyes en favor de este sector, como primer paso se encuentra la articulación efectiva de los jóvenes a través de organizaciones y agrupaciones, y el impulso a la formación sociopolítica en los mismos. Como ejemplo de procesos formativos enfocados en la juventud, están los llevados a cabo por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) en aspectos jurídicos y de participación ciudadana.
La articulación que se produzca a través de tales instancias puede ser el punto de partida idóneo para incidir posteriormente en la formulación de políticas y leyes enfocadas en la juventud, de tal manera que en el mediano y largo plazo no solo se elogie a los jóvenes cada 12 de agosto, sino también se celebre la existencia de un marco institucional propicio para la participación y la vigencia de los derechos de las juventudes guatemaltecas.
Referencias
De León, M. (12 de agosto de 2022). Presenta iniciativa en favor de la juventud. Congreso de la República de Guatemala. https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/8917/2022/1#gsc.tab=0
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y Consejo Nacional de la Juventud (CONJUVE) (2021). Documento analítico: Juventudes en Guatemala. Unfpa Guatemala. https://guatemala.unfpa.org/es/publications/documento-an%C3%A1litico-juventudes-en-guatemala
Morales, K. (2022) Análisis sobre la incidencia de las ONG juveniles guatemaltecas en la actualización de la política nacional de juventud 2012-2020 [Tesis de licenciatura, Escuela de Ciencia Política, Universidad de San Carlos de Guatemala]. https://polidoc.usac.edu.gt/opac/record/29993?&query=@titulo=Juventud@searchtype=on&recnum=1
Villagrán, W. (14 de mayo de 2024). Política Pública de Juventud, en su recta final. Diario de Centroamérica. https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/politica-publica-de-juventud-en-su-recta-final/
Por: Luis Javier Medina