Por: Esteban Conde
Estudiante de Ciencia Política,
Universidad de San Carlos de Guatemala
Al final del primer periodo ordinario de sesiones legislativas del año 2025, que va del 14 de enero al 15 de mayo, el Congreso de la República de Guatemala ha producido la poco notable cantidad de cuatro decretos, de los cuales tres son reformas a leyes existentes y el otro, el primero en ser aprobado, es la revisión del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 2025, una disposición de la Corte de Constitucionalidad (CC). Desde el 25 de febrero no ha sido aprobado ningún decreto en Guatemala, lo que muestra cómo los diputados han descuidado la parte legislativa de sus funciones.
Si comparamos con el mismo periodo del año anterior, para entonces ya habían sido aprobados 12 decretos. Más del doble en el mismo tiempo. Personalmente, atribuyo a esto la incapacidad de los partidos políticos de dominar la agenda legislativa y de consolidar lo que al principio de la X Legislatura fue una alianza de circunstancias.
Recientemente, la controversia ha girado en torno a los mecanismos que utilizan los diputados para preservar determinado orden o alterarlo, al hacer uso de figuras como las expulsiones para remover a diputados de puestos para los que fueron electos o designados. Una muestra de ello es la expulsión de Karina Paz del partido político Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), quien fuera electa como Primera Secretaria con la planilla que ahora ocupa la Junta Directiva del Congreso. Esta diputada fue expulsada por los demás miembros de la bancada, lo que impide su continuidad en la Junta Directiva. Esta vacancia no ha sido llenada hasta el momento, en tanto que los miembros restantes de la bancada han declinado el derecho a escoger de entre sus filas a quien sustituya en el cargo a Paz.
Sin embargo, para conocer en el Pleno del Congreso de la República el tema de la sustitución, que podría abrir las puertas a que un miembro de las fuerzas opositoras ocupase la Primera Secretaría, la cuota mínima de 81 diputados necesarios para formar quórum ha sido esquiva. En las últimas semanas ha sido común que un número considerable de diputados se desmarquen durante el desarrollo de las sesiones, lo que impide continuar con las agendas de cada sesión. De esta cuenta, también se han prolongado considerablemente las interpelaciones a algunos ministros de Estado, como el de Salud, Joaquín Barnoya, quien está interpelado desde finales de febrero.
Al igual que las interpelaciones, tampoco avanzan los debates de las iniciativas que ya cuentan con dictámenes favorables, ni se han conocido en el Pleno varias iniciativas que fueron presentadas recientemente para iniciar su trámite en las diferentes comisiones de trabajo. En este aspecto, el Congreso está plenamente paralizado, avanzando únicamente en citaciones a diversos funcionarios y una que otra fiscalización emprendida por algún diputado y su equipo.
Es inevitable recurrir a la idea de que esta ralentización de la producción legislativa y la imposibilidad de hacer avanzar iniciativas de cualquier tipo, que introduzcan legislación importante y con visión de futuro, es producto de la coyuntura que atraviesa la política nacional. Después de todo, el Organismo Legislativo, en general, y los diputados, individualmente, también se ven sujetos a las dinámicas que generan roce y desgaste dentro del sistema político nacional.
Un contexto de alianzas débiles, de intereses insatisfechos, de deslegitimación de los actores, de señalamientos con más o menos sustento y una ciudadanía con más acceso a (des)información que nunca, son factores que inciden en diferentes proporciones, pero que al final se suman para que las cosas se den como se están dando. Un Congreso de la República paralizado, sobre todo cuando en sus manos tiene también una crisis de relaciones públicas debido al aumento salarial excesivo que se aprobó a finales del 2024, solo abona a la eterna crisis de legitimidad de la que padece este importante organismo de Estado.
Todo esto a las puertas de un año decisivo para el corto y mediano plazo en Guatemala, en función de la composición de algunas de las partes más notables del sistema de iusticia y el resguardo de los derechos humanos. El año 2026 no solo es preelectoral, donde los partidos políticos deberán realizar sus procesos asamblearios de cara a las elecciones de 2027, sino también es el año en que el Congreso de la República debe elegir a los próximos magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), un magistrado titular y un suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) y convocará para la integración de la comisión de postulación de Fiscal General del Ministerio Público (MP). Política por donde se vea.