El dictamen de la Comisión Extraordinaria, sobre financiamiento electoral ilícito, traería graves consecuencias a la lucha contra la corrupción y la impunidad, así como un debilitamiento del sistema democrático.
De aprobarse el proyecto de decreto, las principales consecuencias serían:
- Genera impunidad en delitos cometidos antes de la vigencia de esta reforma (elecciones 2015);
- Dificulta la persecución penal efectiva;
- Las penas no mayores a cinco años son conmutables según el artículo 50 del código penal.
- De la misma manera, por la pena máxima tan baja, se podría aplicar un criterio de oportunidad o desistirse de la persecución penal y por tanto, dejando en impunidad este delito.
- Debilitan el castigo para un delito de tal gravedad como el financiamiento electoral anónimo y no registrado, haciendo cada vez más difícil la garantizar la no repetición y la pureza del proceso electoral.
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