La Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES)
A la opinión pública manifiesta:
Que la democracia y gobernabilidad del Estado se sustentan en el respeto al orden constitucional y al imperio de ley, como pilares de la convivencia pacífica y del desarrollo integral de su población.
Que la defensa del orden constitucional es la función esencial de la Corte de Constitucionalidad (CC) y corresponde a la misma calificar la constitucionalidad de un acto de gobierno, mientras que a los funcionarios públicos y ciudadanía les corresponde acatar sus decisiones, incluso si las mismas no son acordes a sus criterios o intereses.
Su preocupación ante las actitudes del Gobierno de la República, que desde hace más de un año han afectado el funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y particularmente frente a los últimos acontecimientos encaminados a obstaculizar el ingreso al país de personal de dicha Comisión, desconociendo las resoluciones emitidas por la CC.
Por tanto:
Insta a que, en el estricto marco constitucional que asiste a la ciudadanía y obliga a los actores políticos y autoridades de Gobierno y demás poderes del Estado, se respeten y acaten las resoluciones que emite la CC.
Valora la actitud asumida por la señora Fiscal General de la República, Dra. María Consuelo Porras, y el Ministerio Público para asegurar el debido cumplimiento de lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad, y confía que continúe su función vigilante y garante del ordenamiento jurídico guatemalteco.
Confía en que con prontitud y ante las actuales circunstancias, el diálogo que se desarrolla entre el Gobierno de la República y la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas arribe a soluciones que contribuyan a promover la gobernabilidad y estabilidad política en el país, condiciones indispensables para asegurar la transparencia y legitimidad de los procesos de elecciones generales y de autoridades del Organismo Judicial, a celebrarse este año.
Guatemala, 7 de enero de 2018.