Investigaciones sobre justicia

El principio de reserva de ley en la Constitución de la República de Guatemala

En Guatemala rige una Constitución Política avanzada, pero que no alcanza a materializar su valioso contenido humanista y programático por la falta de normas ordinarias que la desarrollen. Desde su visión los diputados constituyentes dejaron un texto fundamental básico, el cual debería ser completado con otras normas específicas obligatorias para el Organismo Legislativo, en unos casos para alcanzar su pleno desarrollo y en Otros, adecuar ciertas normas preexistentes de rango constitucional al tenor del nuevo texto.

El acceso de los pueblos indígenas a la justicia desde el enfoque de derechos humanos: perspectivas en el derecho indígena y en el sistema de justicia oficial

El estudio no solamente es de gran importancia y actualidad sino es innovador porque examina el acceso al sistema indígena como al sistema de justicia oficial, mediante el enfoque de derechos humanos. En ambos sistemas aborda el acceso a la justicia desde la perspectiva de los usuarios, y desde la óptica de las autoridades responsables de prestar el servicio de justicia. Además compara los hallazgos en ambos sistemas y propone recomendaciones.

La reforma constitucional en seguridad y justicia

Las últimas iniciativas de reforma constitucional son dos: la presentada por el Presidente de la República en Consejo de Ministros en 2012. Y la propuesta del Consorcio: Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Universidad Rafael Landivar (URL) y Asociación de Investigación y Departamento de Análisis Jurídicoociales (ASIES), apropiada por diez diputados en 2011. Estas enfatizan la modificación de aspectos relacionados con la seguridad y justicia. Únicamente en una ocasión ha sido reformada la Carta Magna por el Congreso de la República y ratificada por el pueblo en consulta popular. Treinta y siete de sus artículos se modificaron, con el objetivo de dar una salida pacífica a la crisis política que se produjo por el rompimiento del orden constitucional, ocasionado por el Presidente Jorge Serrano Elías, quien pretendió disolver el Congreso de la República y la Corte de Constitucionalidad.