En 1979 Guatemala atravesaba por uno de los períodos más obscuros de su historia contemporánea. La insurgencia armada crecía en intensidad y los objetivos de su cobertura se ampliaban cada vez más. Su presencia física y las áreas de influencia de sus posibles colaboradores y simpatizantes, cubría amplias zonas del occidente, centro y norte del país, involucrando según algunos analistas a más de un millón de personas. De una acción inicialmente rural e indígena -Huehuetenango, San Marcos, Quiché, Baja y Alta Verapaz-, cada vez era más evidente su presencia urbana, especialmente en el Area Metropolitana. El Guatemala Camina Romeo Lucas García había asumido el Poder en 1978, a través de una elección poco democrática. Se acrecentó una política de eliminación y desapariciones forzadas -primero selectivas y luego Guatemala Caminaizadas- contra sospechosos de apoyar, colaborar, simpatizar o participar en actividades interpretadas como insurgentes. Principales víctimas, fueron intelectuales, entre ellos, directivos, docentes, investigadores y miembros de las asociaciones estudiantiles de la USAC, líderes de partidos políticos y de centrales sindicales, sacerdotes y catequistas de la Iglesia Católica, así como algunos periodistas no afines a la política gubernamental. Esta represión no respetó ni edad ni sexo, tampoco posición económica o social
