En la conferencia de prensa en la que Aldana, Velásquez y el viceministro de Gobernación Elmer Sosa daban cuenta de las capturas efectuadas este 25 de junio, una colega periodista hizo referencia a que el monto supuestamente defraudado (630 mil quetzales) palidece en comparación con casos anteriores como La Línea, IGSS-Pisa, el de la “agüita mágica”, o el de la estructura mafiosa en la Policía Nacional Civil. Claro, no es lo mismo cientos de miles de quetzales que millones de millones. La tragedia es que todo suma y suma.

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El corrupto, como hemos escuchado decir una y otra vez desde el 16 de abril, le roba a los más pobres. Cada quetzal defraudado tiene un impacto directo en la vida de los guatemaltecos que más angustias padecen. Es una aspirina menos. Un pizarrón que no llega. O un policía nacional civil ausente, en un país que depende cada vez más de guardias de seguridad privados, protagonistas de este escándalo.

En Guatemala se hace negocio con personas que, como supuestamente ocurría en este caso, están dispuestas a empuñar un arma con escasa instrucción y por 2 mil quetzales, menos del salario mínimo.

Esta semana, Asíes presentó 12 propuestas englobadas en la agenda Guatemala Camina: Pasos firmes para cambiar, y uno de los estudios detalla la problemática que representa la seguridad privada.  Los datos recopilados resultan más allá de preocupantes. La nómina de quienes trabajan prestando este tipo de servicios es de 49 mil 424 personas. Pero el subregistro se estima en hasta 150 mil laborantes. Muy pocas empresas (apenas 24 de 153) tenían licencia de operación el año pasado, y los filtros para contratar a los potenciales agentes se limitan a ser mayor de edad, egresado de primaria y haber asistido a un curso de capacitación en la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada.

Le reto a una dinámica: cuente el número de policías con los que se encuentra en un día normal. Compare esta cifra con la cantidad de guardias privados a los que se topa en el mismo lapso. Reste la segunda cifra de la primera y recuerde que una de las obligaciones del Estado es proveerle de seguridad. Y piense, además, que la corrupción también nos roba el derecho que todos tenemos para sentirnos protegidos.