A falta de siete meses para la celebración de la primera vuelta de Elecciones Generales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y las diferentes organizaciones que fiscalizarán el proceso elaboran el mapeo de lugares en los que se prevé que se registre violencia electoral.
Gloria López, directora electoral del TSE, aseguró que esta semana le presentarán al pleno de magistrados los primeros avances de su análisis, para comenzar a planificar medidas de prevención.
En la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) se concreta el listado de municipios con mayores probabilidades de conflictividad.
En el Ministerio de Gobernación, Arkel Benítez, viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito, informó que solicitaron a los magistrados una reunión, con el fin de “intercambiar impresiones sobre los factores de riesgo que se puedan detectar en el contexto electoral”. “Por agendas ha sido complicado realizar este encuentro, pero se quiere hacer un plan de seguridad con tiempo”, señaló.
La cartera registra 30 municipios con mayor incidencia, aunque Benítez recordó que “el hecho de que haya violencia en una municipalidad no quiere decir que sea violencia electoral”.
Tres focos
Los togados del órgano electoral tienen en sus manos un informe realizado por el consorcio formado por la dirección de incidencia política de la Universidad Rafael Landívar (URL), el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac) y la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asíes). Las organizaciones analizaron los factores que marcarán la violencia electoral en septiembre próximo.
Christians Castillo, analista de Ipnusac, indicó que pueden concretarse tres detonantes. El primero, la conflictividad ambiental, en lugares donde se hayan construido plantas hidroeléctricas o mineras. “Puede convertirse en violencia político electoral por el rechazo de las comunidades. Además, está la tendencia a que algunos proyectos busquen financiar campañas electorales y la falta de información sobre la aprobación de licencias extractivas”, señaló.
El segundo, la criminalización de la resistencia social por estados de Excepción. “El gobierno propuso fuerza para combatir la propuesta. Las comunidades que sufrieron este control social rechazarán a los candidatos oficialistas que busquen la reelección”, aseguró Castillo.
Por último, el crimen organizado. Según el analista, el hecho de que este imponga sus estructuras y en algunos casos “brinque a la palestra política”, podría generar conflictos electorales. Otros focos podrían ser la reelección de alcaldes, la falta de reconocimiento a los resultados de consultas comunitarias y la remilitarización del territorio.
El consorcio de organizaciones también contempla la judicialización del proceso electoral, la movilización de bases partidarias, los asesinatos políticos y la inestabilidad institucional del Estado como variables de riesgo para este año.
Benítez señaló que esa cartera “únicamente podrá aportar insumos técnicos” e indicó que espera que los magistrados den los parámetros a seguir durante el proceso.