En relación al presupuesto de los Codedes para el ejercicio fiscal 2025,
A la opinión pública manifiesta:
La ciudadanía demanda y merece una correcta, eficiente y transparente ejecución de los recursos asignados a los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural (Codedes), cuyo monto asciende a Q9,335 millones, al cual se suman unos Q3,200 millones que se estima no serán ejecutados del presupuesto 2024, lo que representa una disponibilidad sin precedentes de más de Q12,500 millones.
Para asegurar lo anterior, es indispensable que el Gobierno de la República asuma la responsabilidad que quienes se desempeñan en la Gobernación Departamental, la Dirección Ejecutiva de los Codedes y las unidades técnicas departamentales, además de contar con el apoyo político al más alto nivel, estén capacitados en temas fundamentales para su buen desempeño técnico, y que dominen y pongan en práctica la normativa vigente para la ejecución de fondos públicos, como resultado de procesos formativos o de actualización especializados, sujetos a evaluación y certificación de resultados.
Esta capacitación intensiva a cargo de las direcciones y unidades competentes de los órganos rectores debe realizarse en el mes de diciembre del año en curso.
Como contenidos prioritarios, incluir las leyes: Orgánica del Presupuesto, del Presupuesto 2025, de Contrataciones del Estado, del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, y el Código Municipal, así como los criterios de aplicación de las mismas, tanto de los órganos rectores como de la Contraloría General de Cuentas. En el mismo sentido, los funcionarios capacitados deben dominar los sistemas de información y gestión disponibles, tales como Sicoin, Guatecompras, Siges y Snip.
Un programa como el indicado debe contribuir a la adecuada ejecución de los proyectos de inversión a cargo de los Codedes, y prevenir que actúen con base en influencias políticas o personales. El conocimiento de las responsabilidades legales por parte de los encargados no debe implicar inmovilización o falta de ejecución de los proyectos.
Asimismo, debe asegurarse la transparencia y rendición de cuentas de los recursos asignados. Para el efecto, la fiscalización que realizan los órganos de control del Estado, desde sus respectivas competencias –Contraloría de Cuentas, Ministerio de Finanzas Públicas, Segeplán, Intendencia de Verificación Especial y Superintendencia de Administración Tributaria—, debe acompañarse de portales específicos de información en los que, en forma comprensible para la ciudadanía, se incluyan los proyectos y obras identificados como prioritarios para la comunidad respectiva, su ejecución financiera y el avance físico certificado.
Guatemala, 28 de noviembre de 2024.