"Las medidas son las adecuadas, y el proyecto está avanzando a buen ritmo"

En lo que va del Gobierno de transición, que comenzó el 3 de septiembre último cuando asumió Alejandro Maldonado Aguirre como mandatario, el Organismo Ejecutivo ha emitido, hasta el 19 de noviembre, 20 acuerdos gubernativos y 2 decretos.

Los motivos que han impulsado a emitir dichas medidas son diversas; no obstante, destacan las que se han girado para atender situaciones emergentes en el país, como lo ocurrido la noche del 1 de octubre en la aldea El Cambray II, en Santa Catarina Pinula, donde un alud sepultó a centenares de personas, según José Roberto Hernández Guzmán, titular de la Secretaría General de la Presidencia de la República.

“Pese al corto período de trabajo, el Gobierno de transición busca la legitimidad constitucional en todos los actos de la administración pública, lo que ha conllevado a tratar de dotar de certeza jurídica las acciones a tomar”, expuso Hernández Guzmán.

Aunque las medidas surgen en Consejo de Ministros, con la dirigencia del Presidente, “él es muy puntual y revisa todos los acuerdos, los cuales lee previo a firmarlos y los que no le ha parecido acordes a la política que desarrolla el Estado o a los intereses propios del Estado, han sido detenidos”, resaltó el secretario.

Atención inmediata

Para atender la emergencia de El Cambray II, fue formulado el Acuerdo Gubernativo 219-2015, del 9 de octubre, al que se le suma el 217-2015, que declaró 3 días de duelo por la pérdida de las víctimas del deslizamiento que dejó a más de 150 familias damnificadas.

Hernández Guzmán declaró que la administración de Maldonado Aguirre, pese a la escasez de recursos, ha dado prioridad a temas como el pago de salarios de los servidores públicos, la salud, la alimentación y el pago de la deuda pública, a los cuales se suma la emergencia referida, cuya atención no ha sido la excepción, acto al que también ha colaborado la comunidad internacional y la sociedad civil.

En ese sentido, para la asistencia habitacional a los guatemaltecos que perdieron sus hogares en ese evento, se suma el Decreto 5-2015, emitido el 20 de octubre y prorrogado por 30 días más el 18 de este mes que, según el mandatario, persigue la ligera adquisición de los materiales, ya que “las personas que sufrieron esa catástrofe merecen una pronta atención”.

“Lo tenemos todo, incluso el terreno, pero para cumplir con el compromiso, tenemos que comprar directamente los materiales, inclusive la posibilidad de adquirir kits prefabricados para que las viviendas puedan estar elaboradas a la brevedad, pues si nos vamos por el sistema de las licitaciones, tendríamos que esperar más de un año”, explicó Maldonado Aguirre.Otra de las razones de este decreto, según Hernández Guzmán, es buscar la mayor transparencia y más control por parte de la auditoría social, para que pueda observar todos los cánones en los que se utilizarán los recursos, tanto humanos como financieros.

La legitimidad en las intenciones de la medida es tal que “ha sido el primero que en 10 años el Congreso ratifica sin hacerle modificación alguna, dada la forma técnica y legal que se ha observado, en resguardo de la transparencia propia que el Presidente ha ordenado en tal disposición”, sostuvo Hernández Guzmán.

Para Raquel Zelaya, presidenta de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, las medidas son las adecuadas, y el proyecto está avanzando a buen ritmo; sin embargo, “esperemos que en el presupuesto del año entrante se asignen los fondos para concluir con las fases que queden pendientes”.