Alfonso Montoya Rebuli
El fenómeno del populismo ha acompañado fielmente a la política latinoamericana desde la primera mitad del siglo XX, hasta el punto de convertirse en un componente casi inseparable de ella. Su arraigo ha sido común dondequiera que las democracias hayan sido incapaces de dar respuesta a las distintas reivindicaciones sociales, o donde el sistema político haya experimentado un desgaste notorio ante los ojos de la población.
En el escenario político guatemalteco, las discusiones en el ámbito de la seguridad nacional han sido particularmente dominadas por alegatos con tonos populistas. Los índices de criminalidad para 2025, los controles insuficientes sobre centros penitenciarios y los ataques en contra de la ciudadanía han expuesto una variedad de debilidades institucionales, y han generado un ambiente propicio para el surgimiento de este tipo de discursos.
Una de las corrientes más preponderantes en la actualidad responde al nombre de “populismo punitivo”. El término es definido por Nava (2025) como el conjunto de discursos que proponen el recrudecimiento de las penas hacia el infractor como solución a la delincuencia, al igual que instrumentalizan la inseguridad para obtener beneficios electorales o políticos. Si bien dichas narrativas aparentan ser un remedio sencillo para la problemática, es necesario poner en tela de juicio tanto las circunstancias que las vuelven atractivas como el costo social que su implementación conlleva.
Los discursos aludidos derivan su fortaleza de una percepción generalizada de impunidad, y suelen alimentarse de la identificación de un enemigo común[1]. En el caso de Centroamérica, los grupos señalados como ‘enemigos’ suelen ser las maras o pandillas. Dichas agrupaciones indudablemente constituyen una amenaza existencial para el orden público, por lo que deben tomarse acciones correspondientes para desmantelarlas. No obstante, su impopularidad tiende a ser utilizada para la obtención de réditos políticos, como puede observarse en la proposición de soluciones simplistas y jurídicamente impracticables, especialmente durante la temporada de elecciones. El ejemplo más evidente de esta tendencia son las iniciativas que propugnan el retorno de la aplicación de la pena de muerte, a pesar de que sea inviable conforme al Pacto de San José (Convención Americana de Derechos Humanos), acuerdo suscrito por Guatemala en 1969. En la misma línea, han cobrado relevancia las propuestas que buscan aplicar los modelos de países vecinos, particularmente aquellos que implican un retroceso en materia de derechos humanos y libertades civiles.
Por otra parte, la incapacidad de los gobernantes de contrarrestar la violencia a través
de mecanismos convencionales suele suscitar descontento entre la población, abriendo la puerta a proyectos que ofrecen erradicarla sirviéndose de cualquier medio que sea necesario. Para A. Nava, “La política criminal que más venderá y convencerá es aquella que prometa acabar con la inseguridad a cualquier costo”. [2]
Los populismos punitivos han encontrado terreno fértil en países como El Salvador, en donde la presencia de agrupaciones criminales ha sido un flagelo persistente para la población. Para contrarrestar la problemática, se han implementado medidas drásticas que han permitido una reducción significativa de la actividad criminal. Sin embargo, quienes exigen que Guatemala imite el ejemplo salvadoreño no reparan en las consecuencias del retiro de las garantías procesales, que, a pesar de haber facilitado el encarcelamiento exprés de presuntos pandilleros, puede emplearse de igual forma para perseguir opositores políticos e individuos incómodos. Tampoco suele mencionarse el estado de excepción permanente que sostiene el modelo, ni el hecho de que ha precipitado una concentración inusitada del poder en la figura del presidente, cuyas consecuencias aún están por verse. Asimismo, organizaciones internacionales como Human Rights Watch han denunciado violaciones flagrantes de los derechos humanos, tales como el encarcelamiento indiscriminado, el hacinamiento de detenidos e incluso la tortura (Human Rights Watch, 2024).
En respuesta a la coyuntura nacional, el Congreso de la República de Guatemala aprobó el Decreto 11-2025[3], una ley orientada hacia el combate de las maras mediante el incremento de penas para los delitos relacionados a la extorsión y la creación de dos instalaciones penitenciarias nuevas, sin que se asignara un presupuesto específico para tal efecto. Quizá la construcción de centros penitenciarios modernos sea un paso en la dirección correcta, pero hasta que no se complemente con un abordaje integral de las causas estructurales de la delincuencia organizada, la misma continuará siendo un obstáculo proliferante. Ahora bien, es de vital importancia que los acontecimientos recientes no sirvan para legitimar la adopción de acciones disuasivas y engañosas, tal como ha sucedido en El Salvador.
Para ser efectivas al mismo tiempo que legítimas, las estrategias en el ámbito de la seguridad nacional deben equilibrar el poder coercitivo del Estado con el respeto hacia la dignidad humana y el estado de derecho[4]. La preservación de este último depende de la observancia plena del debido proceso, lo cual implica dotar al individuo de garantías y recursos procesales que le permitan protegerse frente a los abusos del poder público. Un sistema de justicia que no aplique la ley de manera uniforme o que garantice la impunidad de los transgresores, no conseguirá el acatamiento de sus sujetos, mientras que la sistematización de las detenciones arbitrarias conducirá invariablemente a la erosión de los derechos fundamentales.
El auge de los populismos punitivos resulta preocupante para nuestra sociedad, especialmente cuando se avecina un proceso electoral en 2027. Como ha sucedido en el pasado, seguramente habrá candidatos que recurrirán a respaldar el regreso de la pena de muerte, la imitación del ‘modelo Bukele’, o la adopción de medidas extraordinarias para imponer el orden. En última instancia, dependerá de la ciudadanía rechazar las soluciones ilusorias cuya implementación amenaza con sacudir los cimientos del ordenamiento jurídico.
Referencias:
Human Rights Watch (2024). Su hijo no existe aquí. Violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes durante el régimen de excepción en El Salvador. Obtenido el 1 de diciembre de 2025 de:https://www.hrw.org/es/report/2024/07/16/su-hijo-no-existe-aqui/violaciones-de-derechos-humanos-de-ninos-ninas-y
Nava-Tovar, A. (2025). Hacia una crítica del populismo punitivo. Problema. Anuario De Filosofía Y Teoría Del Derecho, 19(19), e19531. https://doi.org/10.22201/iij.24487937e.2025.19.19531
[1] Esta tendencia, profundamente arraigada en la cultura política latinoamericana, se desarrolló a partir de la Doctrina de Seguridad Nacional, impulsada por EE. UU. tras la Segunda Guerra Mundial.
[2] La traducción es de elaboración propia
[3] La suspensión del presupuesto por parte de la Corte de Constitucionalidad ha frenado la iniciativa citada.
[4] Nava-Tovar, A. (2025).