En el mes de septiembre de 2020, como todos los años, ASIES presentó públicamente su Análisis del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el año 2021, en el que se formularon recomendaciones adicionales a los comentarios y planteamientos realizados en los talleres de presupuesto abierto que organizó el Ministerio de Finanzas Públicas.
La madrugada del 18 de noviembre de 2020, el Congreso de la República -por medio de un procedimiento opaco e innecesariamente acelerado que no permitió ningún análisis por los propios legisladores- emitió el Decreto No. 33-2020 mediante el cual aprobó el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021, con contenidos e impresiones que generaron dudas fundamentales, lo que dio lugar a una serie de pronunciamientos y manifestaciones de inconformidad de diversos sectores. ASIES planteó que el Presupuesto 2021 podría ser un instrumento que propicie la recuperación social y económica que mitigue los impactos causados por la pandemia COVID-19 y la vulnerabilidad ante los devastadores efectos del cambio climático, para lo cual deben realizarse las modificaciones que permitan enfocar el gasto público en áreas clave como salud, seguridad alimentaria y nutricional, educación y reactivación económica.
En el Congreso de la República se ha planteado la aplicación del Precedente Parlamentario No. 2-2017, con lo cual existe la posibilidad que el Decreto No. 33 del Congreso de la República no sea enviado al Organismo Ejecutivo para su sanción o veto. En el mismo sentido, el Presidente de la República ha girado invitación a tanques de pensamiento y otras instituciones o sectores, a dialogar sobre propuestas que contribuyan a lograr un presupuesto que responda a las necesidades más urgentes del país.
Ante esta situación, los escenarios que se plantean son dos:
- Que el Congreso de la República, por iniciativa que presente el Organismo Ejecutivo o los propios diputados, apruebe nuevo decreto modificando o sustituyendo el Decreto No. 33-2020.
- Que ante la ausencia de un nuevo decreto, opere lo dispuesto en el artículo 171 inciso b) de la Constitución Política de la República y, en consecuencia, rija el presupuesto vigente para el ejercicio fiscal 2020, que siempre podrá ser modificado o ajustado por el Organismo Legislativo.
Ambos escenarios, e incluso el lejano escenario que subsista y entre en vigor el Decreto No. 33-2020, conllevan la imperiosa necesidad de que se efectúen modificaciones al presupuesto, por lo que en cumplimiento del mandato establecido por sus estatutos, ASIES presenta al espacio de centros de investigación que ha sido convocado (y confirmado por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República), las siguientes recomendaciones:
- La situación económica provocada por la pandemia y los fenómenos naturales que han azotado al país demandan medidas fiscales extraordinarias, pero las mismas deben ser estrictamente temporales e ir acompañadas en la ley del presupuesto, de los instrumentos y herramientas que aseguren la transparencia, publicidad, eficacia, eficiencia y calidad del gasto público.
- En ese sentido, el gasto público en 2021 debe privilegiar la inversión en salud, educación, agricultura y la reactivación económica, así como el acceso a la vivienda -particularmente para quienes la perdieren por el impacto de las dos tormentas-, mediante el establecimiento de instrumentos financieros transparentes que permitan dinamizar la economía nacional, tales como la constitución de fondos de garantía que propicien el acceso al crédito a los sectores más afectados por la pandemia y cuyas cadenas de valor cubren a gran parte de la población: turismo y servicios, por ejemplo.
- Es indispensable que el Gobierno de la República, incluso legalmente, asuma el compromiso que en los restantes 3 años, lejos de mantener incrementándose el déficit fiscal, el mismo vaya reduciéndose progresivamente hasta retornar a niveles fiscalmente sostenibles y que garanticen la estabilidad macroeconómica que ha existido en el país.
- Las asignaciones a los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural deben mantenerse razonables, no aumentarse discrecionalmente y deben responder a una política pública previamente definida, que contemple los resultados y acciones concretas para alcanzarlos, a fin que exista certeza sobre los beneficios, e impacto social y económico de la ejecución descentralizada, mediante procesos de planificación, selección y contratación transparentes. Sólo mediante la incorporación de disposiciones en este sentido se evitarán los temidos riesgos de uso de los recursos públicos para cualquier fin distinto al bien común.
- La importancia y pertinencia de la infraestructura pública para el desarrollo requiere de una adecuada planificación que entre otras condiciones, implique la existencia de normas para que previo a iniciar cualquier nuevo proyecto se cuente con estudios previos de viabilidad técnica, legal e impacto social y ambiental; además que se asegure que las empresas que se contraten para el efecto demuestren su capacidad técnica y financiera, así como su actuación transparente y honrada.
- No deben permitirse operaciones de crédito público que tengan como finalidad, en todo o en parte, cubrir gastos de funcionamiento.
- Los programas de transferencias o asistencia deben contar con información detallada y verificada de los beneficiarios y su legitimidad.
La crisis política y de gobernabilidad que se ha presentado no obedece únicamente a la aprobación del presupuesto del Estado para el año 2021. Los Organismos de Estado deben revisar sus actuaciones y orientar las mismas al estricto cumplimiento de sus mandatos constitucionales y legales, sin buscar cualquier interpretación distinta a la simple y directa consecución del bien común, para lo cual, entre otras acciones prioritarias y que evidencien su compromiso con dar un viraje al rumbo del país se plantean:
- La inmediata elección de las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones por parte del Congreso de la República.
- El cese de la conflictividad institucional que involucra a la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, la Corte de Constitucionalidad y, aunque en menor medida, al Ministerio Público.
- La verificación por parte del Organismo Ejecutivo de la capacidad, idoneidad y honorabilidad de las autoridades de las distintas carteras, secretarías, direcciones y entidades descentralizadas.
- La actualización y efectiva aplicación del régimen del servicio civil, con las correspondientes reformas legales que resulten necesarias, incluyendo las medidas de dignificación del servicio público y la regulación para la adecuada y responsable negociación colectiva en el sector público.
- El fortalecimiento de la independencia, carrera profesional e institucionalidad de las principales instituciones de control del Estado: Contraloría General de Cuentas y Ministerio Público.
- La modernización del sistema nacional de adquisiciones públicas, a fin de ajustarlo a las mejores prácticas y estándares internacionales. Para iniciar este proceso, se recomienda la aprobación de la Ley de Infraestructura Vial, cuya iniciativa ya cuenta con dictamen favorable en el Congreso de la República.
- La promoción de un diálogo fiscal integral para la revisión y actualización de las finanzas públicas que requiere el desarrollo sostenible.
- La aprobación de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, tomando en consideración los resultados de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral que dirigió el Tribunal Supremo Electoral.
Los desafortunados sucesos del pasado sábado 21 de noviembre en la Plaza de la Constitución, en donde las fuerzas de seguridad del Gobierno recurrieron a un desproporcionado, excesivo e injustificable uso de la fuerza contra población civil que ejercía pacíficamente su derecho constitucional a manifestarse -y contra quienes desarrollaban sus labores periodísticas-, constituyen un muy peligroso precedente por parte de las autoridades gubernamentales que resulta inaceptable en el marco de nuestra convivencia democrática. Es indispensable que las más altas autoridades den cuanto antes una muestra pública concreta de su compromiso con los derechos ciudadanos fundamentales y procedan de inmediato a las investigaciones administrativas o penales correspondientes, contra quienes fueron responsables de esos excesos.
De igual manera, el Ministerio Público debe investigar a la brevedad posible con diligencia, seriedad y objetividad los hechos de vandalismo que dañaron el patrimonio nacional y propiedad privada, puesto que además intentaron deslegitimar la auténtica y pacífica protesta ciudadana.
Un proceso de diálogo requiere la plena confianza y comunicación entre los actores; por ello, se insta a que los señores Presidente y Vicepresidente de la República sean los primeros en dirimir sus diferencias, para asumir el mandato ciudadano que les ha sido encomendado.
Guatemala, 24 de noviembre de 2020