Propuesta del Foro Guatemala para los tres poderes del Estado y hoja de ruta para la modernización del país, que puede ser asumida por quienes aspiran a puestos de elección popular y a magistraturas de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones.
El 2019 es un año trascendental, pues por primera vez en la historia democrática del país, coincide la renovación de las altas autoridades de los tres organismos del Estado. En ese sentido, es una oportunidad para sentar las bases de una institucionalidad firme y efectiva que dirija y oriente las acciones de la sociedad en su conjunto y al país hacia una visión de mediano y largo plazo.
La crisis político-institucional en que el país se encuentra exige consensos concretos y reformas orientadas con visión estratégica. Solo los posicionamientos ante la coyuntura no nos sacarán adelante. Se requieren esfuerzos por concertar una agenda de país viable que atienda las demandas coincidentes de múltiples sectores. Se trata de una situación nacional compleja, preocupante y potencialmente conflictiva, en la que es necesario e impostergable un debate ciudadano y que el Estado mantenga y fortalezca su institucionalidad.
Asimismo, la lucha contra la corrupción e impunidad debe ser complementada con una agenda integral (económica, política, social, ambiental y de justicia) para alcanzar el desarrollo nacional; que a su vez reencauce el uso de los recursos del Estado, las prácticas burocráticas y las formas de resolver diferencias en nuestra sociedad, respetando y observando el orden constitucional de derecho.
En este contexto, el Foro Guatemala presenta a los tres organismos del Estado un trabajo basado en un ejercicio de construcción de consensos, articulados en una propuesta de agenda mínima que atiende urgencias coyunturales, pero desde una perspectiva y con la direccionalidad de cambios fundamentales, que aprovecha el espacio de oportunidad para promover acuerdos sobre los desafíos y cambios estructurales impostergables para el país. Estas propuestas son el producto del diálogo de las dieciséis instituciones del Foro Guatemala e integra inquietudes y aportes de otras organizaciones:
Al Organismo Ejecutivo:
- Priorizar el crecimiento económico incluyente, en el que participen los diversos actores productivos, con énfasis en lo rural, donde se concentra la mayoría de la pobreza y pobreza extrema.
- Discutir las políticas de Competitividad y de Desarrollo Rural Integral; el Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina; la estrategia para una eficaz Seguridad Alimentaria Nacional, así como para la reducción de la desnutrición crónica; la política de construcción y mantenimiento de infraestructura vial; la política y estrategia de tierras comunales y de agricultura orgánica; y, el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático.
- Recuperar el diálogo del Pacto Fiscal tomando como base los temas en su momento identificados y con especial atención a priorizar la calidad del gasto y su fiscalización de las instituciones que lo ejecutan.
- Generar condiciones para que los agentes de la economía promuevan el desarrollo de un modelo económico, donde el talento humano sea el principal recurso que eleve la competitividad nacional.
- Cumplir con el mínimo de 180 días de clase y contar con docentes capacitados y motivados en el enfoque de construcción de una ética pública, que también debe trasladarse al currículum nacional base desde preprimaria y todos los niveles educativos, para formar a las nuevas generaciones hacia una cultura de respeto, solidaridad, honestidad, honradez, confianza y responsabilidad en la convivencia social.
Impulsar “un nuevo pacto educativo” que involucre a todos los actores pertinentes, revisando principalmente la negociación colectiva para alcanzar un acuerdo consistente con las mejoras educativas propuestas.
Organismo Legislativo:
- Reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) orientada a favorecer una mayor participación ciudadana; modificar los requisitos para la inscripción de partidos políticos; emisión del voto preferente; readecuar el sistema de distritos electorales, en coordinación con el TSE.
- Reformar el Código Procesal Penal, revisar los casos en que procede la prisión preventiva y aprobar la Ley de Aceptación de Cargos, privilegiando la justicia reparativa. Es importante contribuir a agilizar los procesos penales para garantizar una justicia pronta y cumplida.
- Reformar la Constitución Política de la República en los artículos que regulan los períodos en las judicaturas y magistraturas, la extensión de la carrera judicial hasta las Salas de la Corte de Apelaciones, la supervisión de la misma y la separación de funciones administrativas de las jurisdiccionales. En este sentido es importante garantizar la independencia, imparcialidad, objetividad, transparencia y especialización de los jueces y magistrados.
- Revisar, mediante reforma constitucional, el modelo de comisiones de postulación que ha sido señalado de ser vulnerable a la politización y a presiones externas.
- Aprobar nuevas leyes de Servicio Civil y de Contrataciones del Estado, necesarias para modernizar el Estado, dotar de un enfoque integral y sistémico su actuar, y contribuir a que sea ágil y transparente.
Organismo Judicial:
- Generar las condiciones necesarias para una adecuada implementación de la nueva Ley de Carrera Judicial y la aprobación de sus reglamentos.
- Agilizar los procesos del sistema de justicia, especialmente para la reducción de la mora judicial, sin sacrificar efectividad y objetividad.
- Proponer, en coordinación con entidades que integran el sistema de justicia, un presupuesto que atienda las necesidades de cobertura nacional y que garantice el acceso a la justicia con imparcialidad, celeridad e independencia.
Transparencia y probidad:
- Priorizar el combate a la corrupción y la impunidad, como Política Criminal del Estado y complementarla mediante la construcción de una ética pública, basada en la probidad, rendición de cuentas, fiscalización ciudadana, cultura de denuncia e intolerancia a lo ilegal.
Ante la proximidad de las elecciones generales y de magistraturas de la Corte Suprema de Justicia y Salas de la Corte de Apelaciones, es evidente que todo lo anterior requerirá consensos políticos; una decidida fiscalización y acompañamiento de la ciudadanía, que le den legitimidad al proceso de renovación institucional.
Guatemala, 12 de febrero de 2019
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