Diálogo Social para el trabajo decente
Justificación
El cumplimiento de los derechos de los trabajadores, incluyendo los reconocidos como fundamentales, enfrenta en Guatemala unpanorama difícil, que afecta la cohesión y la gobernabilidad. Los conflictos suscitados entre empleadores y trabajadores handeteriorado la confianza y dificultan establecer un ambiente propicio para la negociación y la cooperación, al tiempo que generanpresiones externas que afectan la imagen y las relaciones internacionales del país.Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el diálogo social tiene el potencial de resolver importantes temaseconómicos y sociales, promueve la buena gobernanza, contribuye a la paz y estabilidad social y estimula el progreso económico.Para que este diálogo sea exitoso requiere condiciones como:
- Voluntad para llegar a acuerdos y respetarlos.
- Inclusión: representación de todos los intereses afectados.
- Verdad, como requisito indispensable para la creación de confianza.
- Simetría: igualdad de oportunidades de participación efectiva y acceso a información relevante
Objetivo
Fortalecer la capacidad de propuesta de las organizaciones de trabajadores, empleadores y entidades públicas que participan en procesos e instancias de diálogo social laboral, en temas relacionados con el logro del trabajo decente y el ejercicio de los derechos fundamentales de los trabajadores.
Resultados
- Investigación: insumos técnicos para facilitar y nutrir los procesos de diálogo y la búsqueda de acuerdos.
- Observatorio de trabajo decente: basado en el sistema de indicadores estadísticos desarrollados por el Diálogo Estratégico, para medir los avances o retrocesos en la materia y conocer la realidad del mercado de trabajo en Guatemala.
- Difusión y sensibilización a empleadores: sobre los principios rectores del Marco Ruggie, adoptado por las Naciones Unidas, relativo a la responsabilidad social corporativa y el respeto de los derechos humanos.
- Fortalecimiento de capacidades: para la incidencia a organizaciones de trabajadores e instituciones públicas vinculadas con el ámbito laboral.
Duración
Tres años, de enero de 2014 a diciembre de 2016.
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