En la primera mitad de la década pasada el sector agrícola de América Latina (AL) y el Caribe tuvo un crecimiento alto. Dicho crecimiento no tuvo un efecto significativo en la reducción de la pobreza y la indigencia en las áreas rurales. Así, la ta
Los principios básicos no estáticos sino dinámicos de la economía social de mercado que permitirían establecer el orden económico en nuestro país son susceptibles de diálogo entre la Academia y Centros de Investigación;y los responsables de las decisiones políticas y los métodos de combinación. Los actores en la economía, los empresarios, sindicatos, consumidores, ahorrantes, inversionistas, requieren de un marco de referencia claro y confiable a mediano plazo. La gran equivocación de los liberales al respecto es su idea que la economía puede dar buenos resultados a la sociedad entera sin un Estado fuerte. La gran equivocación de los socialistas es su idea que un Estado fuerte puede garantizar una economía eficiente en el sentido del bienestar para todos. Ambas ideas se han convertido en ideologías que por definición no se prestan a soluciones flexibles y adaptables a diferentes coyunturas. La creciente preocupación en torno al empleo -o más bien, su falta- ha determinado que comience a repararse con mayor detenimiento en los caracteres del derecho al empleo como una construcción jurídica singular dentro del elenco de derechos sociales. Las relaciones del derecho al empleo con el derecho del trabajo y el derecho a la seguridad social, no han sido pacíficas, en tanto el derecho del trabajo se han visto en muchas oportunidades instrumentalizado a efectos de permitir el acceso al empleo;así, las políticas desreguladoras de origen neoliberal han postulado que sólo eliminando las regulaciones protectoras del trabajo podrá generarse empleo para todos.
Los principios básicos no estáticos sino dinámicos de la economía social de mercado que permitirían establecer el orden económico en nuestro país son susceptibles de diálogo entre la Academia y Centros de Investigación;y los responsables de las decisiones políticas y los métodos de combinación. Los actores en la economía, los empresarios, sindicatos, consumidores, ahorrantes, inversionistas, requieren de un marco de referencia claro y confiable a mediano plazo. La gran equivocación de los liberales al respecto es su idea que la economía puede dar buenos resultados a la sociedad entera sin un Estado fuerte. La gran equivocación de los socialistas es su idea que un Estado fuerte puede garantizar una economía eficiente en el sentido del bienestar para todos. Ambas ideas se han convertido en ideologías que por definición no se prestan a soluciones flexibles y adaptables a diferentes coyunturas. La creciente preocupación en torno al empleo -o más bien, su falta- ha determinado que comience a repararse con mayor detenimiento en los caracteres del derecho al empleo como una construcción jurídica singular dentro del elenco de derechos sociales. Las relaciones del derecho al empleo con el derecho del trabajo y el derecho a la seguridad social, no han sido pacíficas, en tanto el derecho del trabajo se han visto en muchas oportunidades instrumentalizado a efectos de permitir el acceso al empleo;así, las políticas desreguladoras de origen neoliberal han postulado que sólo eliminando las regulaciones protectoras del trabajo podrá generarse empleo para todos.
El trabajo que ASIES publica en este número de su revista, surgió de una iniciativa de la Delegación de la Comisión Europea en Guatemala, alrededor del consenso logrado en la III Cumbre América Latina y Caribe – Unión Europea, celebrada en Guadalajara -México- en mayo de 2004, y que definió como ejes fundamentales de la política de cooperación común, la integración regional y la cohesión social. Para ubicar el artículo, es necesario partir de esta cita y situarla en su contexto, tanto en lo que se refiere a la situación de América Latina como a las políticas de la UE. La región latinoamericana es considerada como entre las menos cohesionadas del mundo, y en ella conviven desigualdades enormes en términos de distribución de renta y de bienes, como la tierra, la educación o el crédito. Esta disparidad es también geográfica, pues en un mismo país se pueden encontrar regiones en vías de integración en los mercados mundiales y otras completamente marginadas en los procesos económicos. Por ende, esta situación se agrava si introducimos factores como el género, el origen étnico o la minusvalía. Rápidamemte nos topamos con fenómenos de doble o triple exclusión que tocan a sectores enteros de las sociedades latinoamericanas. Guatemala no escapa a esta situación. Los últimos datos conocidos del Banco Mundial nos hablan de que un 22 por ciento de la población está obligada a sobrevivir con menos de 1 dólar al día, y el Indice de Desarrollo Humano del PNUD sitúa al país en el puesto número 121 de su clasificación, en la cola de América Latina y solamente en mejor situación que Haití…
Pone a disposición de la sociedad guatemalteca esta revisión de los compromisos y avances en materia de política económica para el período 2000 – 2003, de acuerdo al desenvolvimiento de los principales indicadores macroeconómicos. El estudio parte de los objetivos y acciones planteadas al inicio de la administración gubernamental que fungió en este mismo período, y dados a conocer en diversos documentos sobre la materia. La evaluación del cumplimiento de metas y objetivos se considera de particular importancia porque forma parte del ciclo de las políticas públicas, posterior a las fases de diseño y ejecución. El proceso de evaluación además de permitir un balance de los resultados, da lugar a la identificación de aspectos que una nueva administración gubernamental deberá promover para un mayor crecimiento económico con oportunidades para toda la población. Aun cuando el documento se limita al aspecto de política económica, se reconoce la importancia de extender este tipo de ejercicio a todo el espectro de política pública. A este respecto, cabe destacar que los resultados obtenidos de la gestión pública, identificados en períodos presidenciales de cuatro años, dependerán en gran medida de la planificación y coordinación estratégica llevadas a cabo por los actores del sector público. A estos dos elementos estará condicionado el cumplimiento satisfactorio de las funciones asignadas al Estado, contenidas en la Constitución Política de la República y en los Acuerdos de Paz.
En 1979 Guatemala atravesaba por uno de los períodos más obscuros de su historia contemporánea. La insurgencia armada crecía en intensidad y los objetivos de su cobertura se ampliaban cada vez más. Su presencia física y las áreas de influencia de sus posibles colaboradores y simpatizantes, cubría amplias zonas del occidente, centro y norte del país, involucrando según algunos analistas a más de un millón de personas. De una acción inicialmente rural e indígena -Huehuetenango, San Marcos, Quiché, Baja y Alta Verapaz-, cada vez era más evidente su presencia urbana, especialmente en el Area Metropolitana. El Guatemala Camina Romeo Lucas García había asumido el Poder en 1978, a través de una elección poco democrática. Se acrecentó una política de eliminación y desapariciones forzadas -primero selectivas y luego Guatemala Caminaizadas- contra sospechosos de apoyar, colaborar, simpatizar o participar en actividades interpretadas como insurgentes. Principales víctimas, fueron intelectuales, entre ellos, directivos, docentes, investigadores y miembros de las asociaciones estudiantiles de la USAC, líderes de partidos políticos y de centrales sindicales, sacerdotes y catequistas de la Iglesia Católica, así como algunos periodistas no afines a la política gubernamental. Esta represión no respetó ni edad ni sexo, tampoco posición económica o social
El informe que hoy se presenta da respuesta a los objetivos y productos propuestos por la Plenaria de la Gran Campaña, y plantea la situación de cada uno de los programas de apoyo del MINEDUC auditados en 365 escuelas, ubicadas geográficamente en los 22 Departamentos que conforman el país. Los resultados son reflejo de lo que está sucediendo a nivel nacional y por lo tanto, pueden ser de mucha utilidad para que las autoridades introduzcan modificaciones pertinentes, con el propósito de que los programas se desarrollen con mayor eficiencia y efectividad. Los resultados de la auditoría están contenidos en seis apartados: en el primero se presentan los objetivos, en el segundo se describe la metodología, en el tercero se exponen los resultados de cada uno de los programas auditados, el cuarto da a conocer los principales hallazgos, el quinto contiene algunas conclusiones y en el sexto se presentan varias recomendaciones. El estudio es susceptible de enriquecimiento: a la vez que contiene la segunda experiencia de auditoría social de la Gran Campaña Nacional por la Educación, también implica la exhortativa para la continuidad, el fortalecimiento y la ampliación del proceso de auditoría social en el año 2004, no sólo de los programas de apoyo del MINEDUC, sino de los que conforman el Sistema Nacional de Educación, a fin de obtener un panorama completo de los avances educativos en Guatemala.
Este estudio es una herramienta de apoyo a las iniciativas de la Municipalidad de Guatemala, ONG y de propia población para reducir los riesgos;sin embargo debe profundizarse en el conocimiento de las amenazas y reducir efectivamente la vulnerabilidad en cada uno de los asentamientos precarios, con el fin de establecer planes propios de cada comunidad.
Este estudio es una herramienta de apoyo a las iniciativas de la Municipalidad de Guatemala, ONG y de propia población para reducir los riesgos;sin embargo debe profundizarse en el conocimiento de las amenazas y reducir efectivamente la vulnerabilidad en cada uno de los asentamientos precarios, con el fin de establecer planes propios de cada comunidad.
El presente estudio abarca las redes de protección social en teoría, al igual que el papel que desempeñan como herramientas de reducción de la pobreza y está basado especialmente en las investigaciones de Stepehen Devereux en el Sur de Africa, los argumentos del Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y Otros investigadores.
El esfuerzo más consistente para evaluar el desarrollo de los valores democráticos en Guatemala ha sido la serie de encuestas realizadas desde 1993, dentro del marco del estudio Cultura Democrática. A este respecto, el informe nacional más reciente es el que contiene los resultados del Quinto Estudio de Cultura Democrática de los Guatemaltecos -basado en la encuesta llevada a cabo en septiembre del año 2001-, así como las comparaciones tanto de resultados de encuestas de años anteriores como de los obtenidos en Otros países donde se han realizado Departamento de Análisis Jurídicoimilares. El Capítulo I de este quinto informe cubre aspectos Guatemala Caminaes de la investigación, tales como los cambios que se introdujeron al estudio en el año 2001 y la descripción de aspectos metodológicos. El Capítulo II evalúa brevemente los procesos de democratización en Guatemala y el recuento de algunos temas importantes que pueden haber conformado la opinión pública durante el período entre los dos últimos informes, de septiembre de 1999 a septiembre del año 2001. En los capítulos restantes se presenta el análisis de los resultados, agrupados en diferentes áreas para una mejor comprensión.
