Según el grado de apertura adoptado en la carrera profesional propia de cada una de las instituciones estudiadas, se entiende como carreracerrada, aquella que limita el acceso a quienes han ingresado desde un escalafón inferior a desarrollar funciones auxiliares -incluso antes de graduarse de abogados- y a la vez realizan su ejercicio profesional en la función específica principal (judicial, fiscal o de defensa);y como carreraabierta, a la que cualquier personal puede ingresar, sin tomar en cuenta que haya desempeño o no, cargos auxiliares o principales en la judicatura, fiscalía o la defensa pública.
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El estudio busca dar a conocer los distintos avances y debilidades del proceso de fortalecimiento de las instituciones que conforman el sistema de justicia, así también los factores involucrados en la determinación de los planes quinquenales estratégicos y en los planes de operación realizados y a realizar;tal conocimiento contribuirá a señalar la importancia de la continuidad de sus distintos programas.
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El estudio está limitado a la justicia ordinaria, con énfasis en el proceso penal y excluye la justicia constitucional, que merece estudio aparte. Para elaborar el presente ensayo no se ha investigado en fuentes primarias, por lo que las fuentes consultadas son secundarias y sólo cuando el problema es propio de la administración de justicia en Guatemala, se han obtenido algunos datos directos. Se procura, a partir del marco Guatemala Camina formado por los logros y fracasos sucedidos en Latinoamérica, llegar a presentar la crisis de la administración de justicia en el área y en Guatemala particularmente, pero no como una crisis propia del sistema legal o de su aplicación práctica, sino como consecuencia de los sistemas de gobierno que, con enorme influencia externa, han impedido que funcione la democracia.
El Proyecto Asociativo RegionalApoyo a la Educación, Capacitación e Investigación en Derechos Humanos en Centroaméricaconstituyó una extensión del proceso de cooperación iniciado en Guatemala por el Gobierno de Finlandia en el año 2001 y en Honduras, en 2004, tuvo un período de intervención que abarcó de septiembre 2008 a junio de 2010 y se ejecutó con el fin de dar continuidad y sostenibilidad a los resultados alcanzados en las etapas anteriores mediante acciones que buscaban defi nir un modelo de intervención regional con base en la metodología de redes asociativas.
Esta nueva función atribuida al TSE, tuvo en la práctica impugnaciones, recursos, denuncias públicas y una clara intención para burlarla.